ArgentinaFinanciamiento de partidos políticos: Denuncian aportes sospechosos en la campaña presidencial 2023
Directorio Legislativo presentó ante la justicia una denuncia por presuntas infracciones a la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos. Según la investigación, realizada a partir del análisis de datos públicos y el cruce de bases oficiales, durante las elecciones de 2023 se registraron patrones de aportes sospechosos vinculados a empleados públicos y beneficiarios de programas sociales. La denuncia ingresó el 11 de agosto de 2025 al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, con competencia electoral, y quedó a cargo de la Fiscalía Federal N°1.
El análisis detectó que en la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), 258 trabajadores realizaron 273 donaciones al Frente Unión por la Patria. El 95% de esos aportes fue por 100.000 pesos cada uno y un cuarto se concretó el mismo día, el 11 de agosto de 2023. El 99% se destinó a la campaña presidencial del oficialismo. En la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en tanto, se identificó un patrón similar: 51 empleados realizaron 62 aportes al Partido Justicialista, de los cuales el 75% fue por el mismo monto y el 80% se registró en una única semana de noviembre.
De acuerdo con la denuncia, la concentración de aportes idénticos en montos y fechas constituye un patrón incompatible con los principios de espontaneidad y autenticidad que deberían regir las donaciones políticas. A su vez, el cruce de información con registros de programas sociales como Potenciar Trabajo, Progresar, la Asignación Universal por Hijo y Alimentar permitió detectar al menos 57 beneficiarios que figuran como aportantes al Frente Unión por la Patria. Entre ellos se destaca el caso de un beneficiario de Potenciar Trabajo que en julio de 2023 habría donado 150.000 pesos.
En esta línea, se indica en la denuncia que se podría tratar de donaciones compulsivas o simuladas, prohibidas expresamente por la ley, que veta los aportes obtenidos bajo coacción laboral o jerárquica y aquellos cuya procedencia real de fondos esté encubierta.
Los hallazgos fueron posibles gracias al uso de Joining the Dots, una herramienta creada por Directorio Legislativo para analizar grandes volúmenes de datos públicos y detectar irregularidades en el financiamiento político. Esta plataforma fue reconocida en 2019 por el Fondo Monetario Internacional en el Anti-Corruption Challenge y ya se aplicó en Argentina, Colombia y Nigeria.
Directorio Legislativo solicitó a la justicia que se investigue el origen real de los fondos, se identifique a los responsables de las maniobras y se apliquen las sanciones previstas en la normativa. Según la denuncia, lo que está en juego es uno de los componentes básicos del sistema democrático: la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y del proceso electoral.
Metodología
Para la elaboración de este estudio, Directorio Legislativo utilizó más de cinco bases de datos de acceso público y realizó más de 15 solicitudes de acceso a la información dirigidas a ministerios y otros organismos estatales. Los datos obtenidos fueron cruzados con el registro de aportes a agrupaciones políticas declarado ante la Cámara Nacional Electoral. El análisis incluyó tanto a empleados públicos regidos por la Ley de Empleo Público como a personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios.
Más sobre Joining the Dots
Esta herramienta, desarrollada por Directorio Legislativo, no solo recopila y sistematiza datos a gran escala, sino que también los entrelaza de forma automatizada para revelar conexiones ocultas. De esta manera, permite identificar potenciales casos de corrupción y de conflictos de interés que involucren a funcionarios públicos.
Su historia comenzó en 2019, cuando fue elegida como una de las cuatro iniciativas ganadoras del IMF Anti-Corruption Challenge, un desafío organizado por el Fondo Monetario Internacional. Desde entonces, ya se usó en Colombia, Nigeria y Argentina, evidenciando casos relevantes de conflictos de interés.
El sistema comienza con la recopilación de distintas bases de datos, y, cuando es necesario, se agrega información obtenida mediante solicitudes formales. Tras limpiar y normalizar los datos un programa cruza automáticamente la información, enlazando funcionarios públicos, declaraciones juradas, familiares, donantes de campaña, empresas, contratos.
Cuando se detectan patrones inusuales, un equipo de analistas de Directorio Legislativo revisa estas señales y elabora reportes que sirven como punto de partida para investigar casos de corrupción y apoyar acciones de prevención y control.